Wednesday, 06 December 2017 18:14

Derecho a la educación

Mediante una sentencia del 2013, el Tribunal Constitucional estableció que la educación es un derecho individual, que en caso de ser violado su protección solo puede ser reclamado por su titular.

De esa manera, desconoció calidad a un grupo de organizaciones sociales para reclamar la protección del derecho a la educación en nombre de algunas personas, declarando inadmisible una acción de amparo que interpusieron por considerar que carecen de legitimación.

La acción de amparo fue motivada en una circular que emitió la Dirección General de Migración, mediante la cual prohibía al Ministerio de Educación la inscripción de extranjeros en situación de irregularidad migratoria en los planteles públicos.

Las organizaciones sometieron una acción de amparo ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual fue rechazada.

En el dispositivo del fallo el tribunal civil declaró: “La Dirección General de Migración, en modo alguno, traza pautas en los recintos escolares relativo a la inscripción y recepción de los hijos de extranjeros no residentes, ni emplea medios o subterfugios legales o de hechos tendentes a menoscabar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de hijos de extranjeros no residentes”.

Las organizaciones sociales sometieron un recurso de revisión ante el TC contra esa sentencia, el cual también lo rechazó.

En cambio, el TC acogió otro recurso de revisión que en contra de ese mismo fallo interpusieron la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía y anuló la sentencia recurrida, por haber sido dictada por un tribunal incompetente, ya que al tratarse de un acto administrativo, corresponde conocerlo a la jurisdicción contenciosa administrativa. (TC-123-13).